Ley N° 22.282: “Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas”
El 26 de abril del año en curso, y después de una serie de modificaciones, se aprobó nuevamente en primer debate por parte de la anterior Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley N° 22.282 denominado “Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas”, propulsado por el ex diputado Daniel Isaac Ulate Valenciano.
Dicho proyecto pretende regular todos aquellos permisos sanitarios y requisitos estructurales, legales, económicos y tributarios, de cara al funcionamiento de los “food trucks” en nuestro país, los cuales se conciben popularmente como una especie de “camión andante”, en el que se preparan, distribuyen y venden alimentos, principalmente de tipo artesanal.
No obstante, la idea que tuvo el legislador con la promulgación de esta novedosa ley, va más allá de un marco meramente alimenticio, toda vez que el propósito de ésta es lograr ver en nuestro país en un futuro cercano, “trucks” operando para diferentes clases de servicios, tales como barberías, confección de artesanías, ventas de ropa, entre otros.
El problema que enfrenta la normativa es la vasta lista de requisitos que se exigen para poder operar legalmente un “food truck”, dentro de los cuales se encuentran: solicitar un permiso temporal a la Municipalidad sobre el espacio físico habilitado para desarrollar la actividad del comercio sobre ruedas; inscribir ante el Ministerio de Hacienda la actividad empresarial que se realice; inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguro Social; tramitar una póliza de riesgos de trabajo; que las personas encargadas de la manipulación de productos alimentarios deban tener vigente el curso de manipulación de alimentos otorgado por cualquier ente competente o autorizado; entre otros; razón por la cual, varios diputados detuvieron la aprobación en segundo debate de dicho proyecto.
Nuestra actual Asociada, Zoila Rosa Volio, fue consultada sobre este proyecto cuando aún ejercía el cargo de diputada de la República para el período 2018-2022 y en su oportunidad nos brindó una solución a este problema de exigirle a los emprendedores tantos requisitos para comenzar su operación comercial, al indicar que era más factible
reglamentar esas exigencias, en lugar de implementarlas en una ley: “Si lo hacemos vía ley, ¿cuánto cuesta reformar una Ley? Son años de años de años. Ante el desempleo que tenemos y necesidad de reactivar la economía e imposibilidad de generar empleo, tenemos que fomentar actividades en el sector privado”.
Actualmente el proyecto ya fue reformado y el Plenario lo tiene en su poder para su redacción final, con lo cual esperamos que la nueva Asamblea Legislativa le dé un trámite célere y le brinde pronto su visto bueno, toda vez que, como bien lo señaló el propulsor del proyecto en su oportunidad: “en épocas de crisis, similares a una economía de guerra como la que vivimos, con un desempleo y subempleo históricos, es necesario facilitar, flexibilizar y ordenar las distintas actividades comerciales, para dinamizar la economía y brindarles a los costarricenses opciones reales para salir adelante”.